El 12 de enero, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dio a conocer su resolución informativa sobre multiplicadores y ajustes para el cierre fiscal de 2023, y otros del ejercicio fiscal de 2024. Entre las 14 disposiciones mencionadas, destaca el ajuste por inflación aplicado al precio de la calificación de vivienda de bajo costo, que aumentó un 3.56%, pasando de RD$4,852,211.2 a RD$5,025,380.75.

Esta información se difundió con el objetivo de informar a los contribuyentes sobre el monto máximo del precio de venta de los inmuebles desarrollados por los fideicomisos de viviendas de bajo costo, para que los adquirientes puedan optar por el bono correspondiente. Sin embargo, desde su publicación, las redes sociales se inundaron de comentarios críticos como: “Se le perdió el respeto al dinero en RD”, “Pero ¿cómo diablos es que una vivienda de 5 millones es de bajo costo? ¿Qué pobre la podrá comprar?” o “Este es el país más difícil para que los pobres puedan adquirir una vivienda digna”.

El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Christopher, explicó que cuando un inmueble entra en esta categoría no significa que sea de bajo costo monetario. En cambio, califica para una serie de beneficios contenidos en la Ley 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en República Dominicana, del 16 de julio de 2011. Esta ley permite que las viviendas clasificadas como de bajo costo accedan a incentivos fiscales y financieros que facilitan su adquisición, aunque su precio pueda parecer elevado.

Christopher detalló que la calificación de una vivienda como de bajo costo permite a los compradores optar por el bono de primera vivienda y otros beneficios que disminuyen el costo final del inmueble y facilitan el acceso al financiamiento. Estos beneficios son cruciales para muchas familias que, de otra manera, no podrían acceder a una vivienda propia.

No obstante, el aumento del precio límite para calificar una vivienda como de bajo costo refleja también el impacto de la inflación y el aumento de los costos de construcción en el país. El sector de la construcción enfrenta desafíos significativos, incluyendo el incremento en los precios de los materiales y la mano de obra, lo que se traduce en un aumento general de los precios de las viviendas.

La resolución de la DGII pone de relieve la necesidad de un enfoque integral para abordar el acceso a la vivienda en República Dominicana. Es vital que las autoridades continúen trabajando en políticas que no solo ajusten los precios de las viviendas de bajo costo a la inflación, sino que también implementen medidas adicionales para apoyar a las familias de bajos ingresos. Esto podría incluir subsidios directos, programas de financiamiento accesible y la promoción de la construcción de viviendas asequibles a través de alianzas público-privadas.

En conclusión, el ajuste en el precio de calificación de vivienda de bajo costo anunciado por la DGII refleja tanto los desafíos económicos actuales como los esfuerzos del gobierno por mantener la accesibilidad a la vivienda. Aunque la medida ha suscitado críticas, es un paso necesario para adaptar las políticas de vivienda a la realidad económica del país. La clave estará en complementar estas medidas con acciones que fortalezcan el acceso a la vivienda digna para todos los dominicanos, especialmente los de menores recursos.